Salvo raras voces disonantes, el modelo no ha tenido una profunda oposición, porque la mayoría de las personas –hay que remitirse a los siempre bienvenidos sondeos mandados a hacer por el gobernador cada vez que quiere implementar algún cambio- apoya esta medida, más por intuición que por un conocimiento certero de la cosa.
Y precisamente, cuando se insiste con los sondeos, son las mismas estadísticas que señalan que –por ejemplo- en un año la justicia federal apenas condenó en todo el país a unas 500 personas por el delito de tráfico de drogas. En La Rioja, cero condena y si se tiene en cuenta que son decenas de miles los delitos detectados y los detenidos, luego liberados, 500 casos no son nada.
Pero nos quedemos en La Rioja nomás. Hoy existe otro dato no menos escalofriante y grave: la justicia federal local no tiene un solo detenido por drogas ¿Cuál es el problema?
La justicia federal en La Rioja no tiene la mínima estructura ni el conocimiento empírico de la geografía barrial de este tema para combatir la venta de estupefacientes que crece desmesuradamente en desmedro de nuestros jóvenes, blanco elegido por los criminales que no hesitan en cada vez traer las drogas más peligrosas a nuestra provincia.
Con ese conocimiento y con el hecho consumado de que la droga es una realidad palpable en la provincia, Beder se decidió en implementar la desfederalización y adhirió a la ley nacional. De acuerdo con sus palabras dichas a quien esto escribe, “no le quedaba otra y tras consultar con los hombres más prominentes del derecho, de la iglesia católica y de otras confesiones, se decidió por lo que prima facie, parece más práctico: que la provincia meta las manos en el asunto de las drogas”.
La principal ofensiva de los pocos que se oponen a este tema, es que la desfederalización en Buenos Aires, primer estado que adhirió a la ley nacional, es un fiasco.
Pero no hay que mirar tan superficialmente este tema, porque el mismo tema adolece de superficialidad: están matando a los pequeños de nuestra provincia, y cada vez con sustancias más letales. Cuentan con la impunidad que les brinda una justicia federal amordazada y maniatada que en La Rioja no fue capaz de hacer absolutamente nada, y deberían explicar el porqué de esta inacción.
Es decir, que tarde o temprano la ciudadanía les pedirá explicación, una vez que este asunto de la desfederalización o provincialización –que es nuevo para el común de las personas- se exponga en la vidriera y se vea que nuestra policía comience a cazar a los malvivientes.
Precisamente, uno de los argumentos favoritos de quienes se oponen al proyecto de marras, es que la policía provincial está corrompida, pero ¿Es mejor que la nuestra la policía federal? No hay ningún criminal narco entre sus rejas.
El otro argumento es que la justicia provincial también está putrefacta pero ¿Cómo está considerada la justicia de la Quiaca a Tierra del Fuego? Tampoco la justicia federal en La Rioja ha sentado en el banquillo de los acusados desde hace años a ningún traficante.
No hay lugar a dudas que tanto en tamaño como en infraestructura, la provincia de Buenos Aires dista mucho de parecerse a la pequeña Rioja, y eso es favorable para quienes adscriben a la teoría de la provincialización.
Allá coexisten millones de personas, acá apenas 300 mil. Allá hay miles y miles de barrios periféricos donde los narcotraficantes sentaron sus reales sin vistas a que piensen en ninguna retirada, y donde los uniformados no pueden entrar, salvo un batallón; La Rioja tiene barrios de sobra conocidos por nuestra policía y los traficantes –los grandes y los chicos- tienen nombres y apellidos. Sólo hace falta la voluntad política –ya se ha exhumado- para prenderlos.
Rapidez y control. Eso es lo que se pretende. Hace pocos días, por ejemplo, hubo un operativo en un barrio de la capital riojana donde una conocida vendedora minúscula de droga, al verse rodeada por la policía arrojó un paquete de un volumen regular a un baldío que se encontraba tapiado.
Luego de ¡cuatro horas! el juez federal de La Rioja emitió la orden para que la policía pudiese allanar la casa contigua y rescatar el paquete. Ni siquiera se dignó presentarse él. Inaudito.
Además, nosotros conocemos nuestra propia casa, sus recovecos y quienes la habitan. La federal no, o hace la vista gorda. Por eso mismo el gobernador es optimista porque cree que nuestra policía, a partir del primero de enero cuando la ley comience a aplicarse en casa, habrá muchas sorpresas, pues los moradores delincuentes bastante conocidos.
Al ser tan pequeña La Rioja, habrá un mayor control, presión social y periodístico, entre otros.
Dejemos que se la aplique, es mejor que la nada de ahora. Y esperemos con optimismo los resultados.